El fuero federal citó a declaración indagatoria al financista Maximiliano Vallejo por presuntas maniobras de lavado de dinero en el fútbol argentino. Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco acusan al titular de la firma Sur Finanzas de liderar un esquema que canalizó más de 100 millones de dólares. La sospecha judicial apunta a los vínculos estrechos que el imputado mantiene con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
La investigación penal detectó operaciones irregulares con al menos 16 entidades deportivas de primera división. El entramado empresarial utilizaba contratos financieros simulados para blanquear fondos de origen ilegal. Los fiscales sostienen que los convenios firmados con clubes como Banfield, San Lorenzo, Racing y Barracas Central encubrían maniobras defraudatorias.
Una denuncia penal del organismo recaudador ARCA originó el expediente que tramita en los tribunales federales. A partir de esa presentación, las fuerzas de seguridad ejecutaron múltiples allanamientos en la sede de la AFA y en las oficinas de diversos clubes. El diario Clarín informó que los uniformados secuestraron documentación que vincula directamente al financista con los movimientos bajo sospecha.
El expediente penal acumula cargos por retención indebida de impuestos e infracciones graves al régimen cambiario. Los investigadores detectaron la compra de propiedades y decenas de vehículos de lujo registrados a nombre de sociedades pantalla para ocultar a los verdaderos dueños. Entre los bienes suntuarios incautados por orden del juzgado figura una Ferrari California.
La Justicia federal analiza también maniobras con permisos de importación (SIRA) gestionados por múltiples firmas del entorno empresarial de Maximiliano Vallejo. El juzgado ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para todos los imputados en la causa. La lista de citados a indagatoria incluye a otras personas del círculo de negocios del financista.
El Club Atlético Banfield enfrenta una auditoría específica dentro del expediente por contratos lesivos para la economía de la institución. Los fiscales dictaminaron que esos acuerdos comerciales eran perjudiciales para el club y funcionales al circuito de blanqueo general. La recolección de pruebas continúa activa en las oficinas judiciales para determinar el alcance total del fraude con los fondos de origen ilícito. (Agencia OPI Santa Cruz)
